La intimidación escolar —que alguna vez se consideró un rito de transición— ha captado la atención de los medios de comunicación durante la última década, ya que muchos incidentes se han vuelto violentos y hasta mortales. Ante la falta de una ley federal que prohíba la intimidación y frente a la existencia de un mosaico de leyes estatales que abordan el problema de manera diferente, es cada vez mayor la necesidad de recurrir al litigio para ayudar a desarmar la cultura de intimidación.
La primera ley estatal contra la intimidación fue aprobada en 1999,1 y actualmente 49 estados tienen leyes contra la intimidación.2 Aunque el problema es de interés nacional, no existe una definición de intimidación aceptada universalmente. Algunos estados se enfocan en acciones específicas, mientras que en otros se tiene en cuenta la intención o motivación del agresor, o el grado y la naturaleza del daño infligido. En cinco estados —Hawái, Maine, Nuevo México, Virginia y Wisconsin— el departamento de educación estatal se reserva la facultad para definir la intimidación, y Arizona y Minnesota dejan la decisión a criterio de los distritos escolares locales.3
«Cuando no existe una definición clara de lo que constituye intimidación, no se indica a las escuelas o a las víctimas qué deben hacer», explicó Adele Kimmel, abogada gerente de Public Justice en Washington, D.C., quien creó y dirige la campaña contra la intimidación de Public Justice.4 «Algunas leyes ofrecen orientación para las escuelas, pero no brindan capacitación obligatoria ni aclaran qué es la intimidación; por eso, las leyes son prácticamente inútiles».
Kimmel manifestó que la ausencia de una ley federal contra la intimidación es algo problemático. «Debería existir una ley federal contra la intimidación, en parte porque no hay uniformidad con respecto a cómo se aborda la intimidación», expresó.
El año pasado (en el año 2013), la diputada Linda Sánchez (D-Calif.) y los senadores Robert Casey (D-Pa.) y Mark Kirk (R-Ill.) volvieron a introducir la Ley de mejora de escuelas seguras (SSIA).6 Conforme a esta ley, los distritos escolares que reciben financiación bajo la Ley de educación elemental y secundaria tendrían la obligación de adoptar códigos de conducta en los que se prohíbe la intimidación y el acoso, y los estados estarían obligados a denunciar datos de intimidación y acoso al Departamento de Educación de los Estados Unidos. Ambas versiones del proyecto de ley están en etapa de estudio.7
Ninguna estipulación en la SSIA ni en las leyes estatales otorga a las personas derecho privado de demanda. «Este es uno de los grandes problemas», manifestó Kimmel. «Los distritos escolares no quieren decir directamente que las escuelas tienen algo que ver».
Martin Cirkiel, abogado en Round Rock, Texas, quien representa a demandantes en casos de intimidación, explicó que la situación es trágica en particular cuando se agrede físicamente a niños. «Se subestima lo que sucede cuando se convierte en agresión y a eso se lo denomina intimidación; las personas deben comprometerse», dijo. «La teoría según la cual "los niños son niños" ya es arcaica».
La falta de una ley federal que prohíba la discriminación sobre la base de la orientación sexual o la identidad de género es otro vacío en el marco legal, expresó Kimmel. La Ley de no discriminación de estudiantes, redactada sobre la base del Título IX, fue presentada ante la Cámara y el Senado en el 2013, pero quedó en un punto muerto.8 Sólo 16 estados y el Distrito de Columbia reconocen la discriminación por identidad de género.9
«La mayoría de los estados no la reconocen, y no existe estatuto federal. Es como querer combinar dos cosas que no encajan», expresó Kimmel. «Los estudiantes a los que más se intimida son los que se identifican con las comunidades LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transgénero) y de discapacitados, o que pertenecen a esas comunidades».
«Más de la mitad de los maestros y administradores de nuestro país no tiene capacitación sobre cómo responder a la intimidación y proteger de ella a nuestros niños, de manera que la capacitación y la educación marcarían una gran diferencia. Ellos pueden implementar la capacitación y educación que debería haberse implementado desde el principio, y es algo que puede negociarse como parte del acuerdo», señaló Kimmel.
En el 2011, seis estudiantes que se identificaban con la comunidad LGBT o a quienes se consideraba integrantes de dicha comunidad, demandaron a un distrito escolar de Minnesota, aduciendo que los funcionarios escolares no impedían el aluvión cotidiano de intimidación y agresiones físicas. Como parte del acuerdo, el distrito escolar accedió a revisar sus políticas de intimidación, entre ellas capacitación del personal, contratación de un asesor en salud mental, creación de un grupo de trabajo contra la intimidación y seguimiento de las denuncias de intimidación.10
«Para muchos padres, en especial en los casos de intimidación y suicidio, tener esa medida cautelar es un gran alivio», aseguró Cirkiel. «Todos los padres con los que he hablado me han dicho: "Sólo queremos asegurarnos de que lo que le sucedió a nuestro hijo no le suceda a otra persona"».
Kimmel manifestó que cambiar la cultura de intimidación requiere esfuerzos legislativos y legales. «Con sólo aprobar leyes no se soluciona el problema», expresó. «El otro componente es el litigio con un componente cautelar... Es útil en las jurisdicciones donde se presentan demandas, pero no ha provocado una inmensa oleada de cambio. Cuantas más demandas se presenten, más cambios veremos».
Reimpreso con autorización de Trial (septiembre del 2014)
Propiedad intelectual de American Association for Justice,antes Association of Trial Lawyers of America (ATLA®)
1. Dena T. Sacco y otros: An Overview of State Antibullying Legislation and Other Related Laws, Harvard Berkman Ctr. for Internet & Socy. 1, 3 (Feb. 23, 2012), www.cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/State_Anti_bullying_Legislation_Overview_0.pdf.
2. Ver U.S. Dept. of Health & Human Servs., www.stopbullying.gov, y Bully Police USA, www.bullypolice.org. Montana es el único estado que se resiste; se han introducido leyes pero no se aprobaron en ese estado. Ver Sacco, arriba n. 1, en 13; ver también Sameer Hinduja & Justin W. Patchin: State Cyberbullying Laws: A Brief Review of State Cyberbullying Laws and Policies, Cyberbullying Research Ctr. (abril del 2014), www.cyberbullying.us/Bullying_and_Cyberbullying_Laws.pdf.
3. Íd.
4. Ver Public Justice, Antibullying Campaign, www.publicjustice.net/what-we-do/anti-bullying-campaign.
5. Sacco, arriba n. 1, en 7, 10.
6. Sen. 403, 113th Cong. (28 de febrero del 2013); H.R. 1199, 113th Cong. (14 de marzo del 2013).
7. Al cierre de la edición había 199 copatrocinadores en la Cámara y 45 en el Senado.
8. Sen. 1088, 113th Cong. (4 de junio del 2013); H.R. 1652, 113th Cong. (9 de abril del 2013).
9. Sacco, arriba n. 1, en 5; ver también Equal. Fedn.: Minnesota Passes One of the Country’s Strongest LGBT-Inclusive Bullying Prevention Laws (2014), http://tinyurl.com/p6n7cva.
10. Doe v. Anoka-Hennepin Sch. Dist. No. 11, Nos. 11-cv-01999 y 11-cv-02282 (D. Minn. 5 de marzo del 2012), www.splcenter.org/sites/default/files/downloads/case/Consent_Decree.pdf
Políticas de Anti-intimidación para las Escuelas
Muchas leyes estatales sugieren políticas contra la intimidación a los departamentos de educación o a los distritos escolares, pero no les exigen intervenir para prevenir ese comportamiento o responder a él. Sólo 17 estados exigen al personal de la escuela que denuncien los incidentes de intimidación, y 16 estados exigen a las escuelas o a los distritos escolares que denuncien esos incidentes al departamento de educación estatal.5Kimmel manifestó que la ausencia de una ley federal contra la intimidación es algo problemático. «Debería existir una ley federal contra la intimidación, en parte porque no hay uniformidad con respecto a cómo se aborda la intimidación», expresó.
El año pasado (en el año 2013), la diputada Linda Sánchez (D-Calif.) y los senadores Robert Casey (D-Pa.) y Mark Kirk (R-Ill.) volvieron a introducir la Ley de mejora de escuelas seguras (SSIA).6 Conforme a esta ley, los distritos escolares que reciben financiación bajo la Ley de educación elemental y secundaria tendrían la obligación de adoptar códigos de conducta en los que se prohíbe la intimidación y el acoso, y los estados estarían obligados a denunciar datos de intimidación y acoso al Departamento de Educación de los Estados Unidos. Ambas versiones del proyecto de ley están en etapa de estudio.7
Ninguna estipulación en la SSIA ni en las leyes estatales otorga a las personas derecho privado de demanda. «Este es uno de los grandes problemas», manifestó Kimmel. «Los distritos escolares no quieren decir directamente que las escuelas tienen algo que ver».
Demandas de Intimidación
Debido a que los estudiantes y padres que entablan juicios por intimidación no pueden demandar a las escuelas o a los distritos bajo ninguna ley estatal contra la intimidación, los abogados demandantes deben buscar otros recursos para presentar reclamos legales viables, como por ejemplo conforme al Título IX (discriminación por razones de sexo), al Título VI de la Ley de Derechos Civiles (discriminación por razón de raza, color o nacionalidad) y a la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (discriminación contra personas con discapacidades). Si el estudiante no encaja en una categoría protegida, Kimmel manifestó que los abogados pueden estudiar las leyes estatales de responsabilidad civil en busca de fundamentos posibles.Martin Cirkiel, abogado en Round Rock, Texas, quien representa a demandantes en casos de intimidación, explicó que la situación es trágica en particular cuando se agrede físicamente a niños. «Se subestima lo que sucede cuando se convierte en agresión y a eso se lo denomina intimidación; las personas deben comprometerse», dijo. «La teoría según la cual "los niños son niños" ya es arcaica».
La falta de una ley federal que prohíba la discriminación sobre la base de la orientación sexual o la identidad de género es otro vacío en el marco legal, expresó Kimmel. La Ley de no discriminación de estudiantes, redactada sobre la base del Título IX, fue presentada ante la Cámara y el Senado en el 2013, pero quedó en un punto muerto.8 Sólo 16 estados y el Distrito de Columbia reconocen la discriminación por identidad de género.9
«La mayoría de los estados no la reconocen, y no existe estatuto federal. Es como querer combinar dos cosas que no encajan», expresó Kimmel. «Los estudiantes a los que más se intimida son los que se identifican con las comunidades LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transgénero) y de discapacitados, o que pertenecen a esas comunidades».
Capacitación y Educación Hace la Diferencia
Kimmel y Cirkiel manifestaron que las demandas en las que se solicitan medidas cautelares ayudarán a los distritos escolares a crear programas que aborden la intimidación y revisen las infraestructuras inadecuadas.«Más de la mitad de los maestros y administradores de nuestro país no tiene capacitación sobre cómo responder a la intimidación y proteger de ella a nuestros niños, de manera que la capacitación y la educación marcarían una gran diferencia. Ellos pueden implementar la capacitación y educación que debería haberse implementado desde el principio, y es algo que puede negociarse como parte del acuerdo», señaló Kimmel.
En el 2011, seis estudiantes que se identificaban con la comunidad LGBT o a quienes se consideraba integrantes de dicha comunidad, demandaron a un distrito escolar de Minnesota, aduciendo que los funcionarios escolares no impedían el aluvión cotidiano de intimidación y agresiones físicas. Como parte del acuerdo, el distrito escolar accedió a revisar sus políticas de intimidación, entre ellas capacitación del personal, contratación de un asesor en salud mental, creación de un grupo de trabajo contra la intimidación y seguimiento de las denuncias de intimidación.10
«Para muchos padres, en especial en los casos de intimidación y suicidio, tener esa medida cautelar es un gran alivio», aseguró Cirkiel. «Todos los padres con los que he hablado me han dicho: "Sólo queremos asegurarnos de que lo que le sucedió a nuestro hijo no le suceda a otra persona"».
Kimmel manifestó que cambiar la cultura de intimidación requiere esfuerzos legislativos y legales. «Con sólo aprobar leyes no se soluciona el problema», expresó. «El otro componente es el litigio con un componente cautelar... Es útil en las jurisdicciones donde se presentan demandas, pero no ha provocado una inmensa oleada de cambio. Cuantas más demandas se presenten, más cambios veremos».
Reimpreso con autorización de Trial (septiembre del 2014)
Propiedad intelectual de American Association for Justice,antes Association of Trial Lawyers of America (ATLA®)
Notas
1. Dena T. Sacco y otros: An Overview of State Antibullying Legislation and Other Related Laws, Harvard Berkman Ctr. for Internet & Socy. 1, 3 (Feb. 23, 2012), www.cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/State_Anti_bullying_Legislation_Overview_0.pdf.
2. Ver U.S. Dept. of Health & Human Servs., www.stopbullying.gov, y Bully Police USA, www.bullypolice.org. Montana es el único estado que se resiste; se han introducido leyes pero no se aprobaron en ese estado. Ver Sacco, arriba n. 1, en 13; ver también Sameer Hinduja & Justin W. Patchin: State Cyberbullying Laws: A Brief Review of State Cyberbullying Laws and Policies, Cyberbullying Research Ctr. (abril del 2014), www.cyberbullying.us/Bullying_and_Cyberbullying_Laws.pdf.
3. Íd.
4. Ver Public Justice, Antibullying Campaign, www.publicjustice.net/what-we-do/anti-bullying-campaign.
5. Sacco, arriba n. 1, en 7, 10.
6. Sen. 403, 113th Cong. (28 de febrero del 2013); H.R. 1199, 113th Cong. (14 de marzo del 2013).
7. Al cierre de la edición había 199 copatrocinadores en la Cámara y 45 en el Senado.
8. Sen. 1088, 113th Cong. (4 de junio del 2013); H.R. 1652, 113th Cong. (9 de abril del 2013).
9. Sacco, arriba n. 1, en 5; ver también Equal. Fedn.: Minnesota Passes One of the Country’s Strongest LGBT-Inclusive Bullying Prevention Laws (2014), http://tinyurl.com/p6n7cva.
10. Doe v. Anoka-Hennepin Sch. Dist. No. 11, Nos. 11-cv-01999 y 11-cv-02282 (D. Minn. 5 de marzo del 2012), www.splcenter.org/sites/default/files/downloads/case/Consent_Decree.pdf
